Piden dos años para el ex Alcalde de Olocau por prevaricación urbanística

Autor: Las Provincias
Fecha: 19/01/2011

El urbanismo esconde buena parte de la corrupción. La Fiscalía ha detectado un nuevo caso, en esta ocasión en la localidad de Olocau, que afecta a José Agustín Agustí, ex Alcalde del municipio. El Ministerio Público solicita dos años de prisión y diez de inhabilitación para cargo público por el delito de prevaricación urbanística. A esto hay que sumar una sanción económica de más de 21.000 euros por el delito de negociación prohibida a funcionario.

Los hechos sucedieron en diciembre de 2005 cuando Agustí ocupaba la alcaldía. Por aquellas fechas, el primer edil concedió a su esposa una licencia de segregación de varias parcelas que pertenecían a una sociedad de gananciales del matrimonio.

Este requisito se tiene que solicitar cuando se pretende dividir una finca en varios lotes. Cada una de las particiones tiene que cumplir con una mínima superficie, establecida por ley. Según el escrito de acusación del fiscal, al conceder esta licencia el acusado estaba infringiendo su deber "de abstenerse en los procedimientos en los que tenga algún interés".

Para intentar camuflar su acción, ese mismo día dictó un nuevo decreto en el que le concedía la licencia a otra persona que, en realidad, nunca la había solicitado.

No terminaron ahí las irregularidades que el Alcalde presuntamente cometió aquel 15 de diciembre. A continuación, autorizó una licencia de obras a una empresa para que construyera viviendas unifamiliares en esas parcelas. El escrito del fiscal recoge que lo hizo "a sabiendas de que dichas parcelas no disponían de la condición de solar". De igual forma, conocía que tampoco podía conceder la licencia de segregación al no existir ningún "instrumento de planeamiento sobre las mismas". Incluso el arquitecto municipal le advirtió de que debía garantizarse la urbanización simultánea del terreno.

Apenas 20 días más tarde de estos hechos, el acusado y su esposa vendieron las parcelas por 283.000 euros cuando ellos las habían comprado unos meses antes por 103.260 euros. El beneficio fue de 179.000 euros. La Fiscalía no tiene dudas de que este incremento en el valor "fue consecuencia inmediata de las licencias ilícitas de obras y segregación otorgadas por el acusado".

Fuente: Las Provincias.