El ex Alcalde de Olocau, primer edil condenado a pena de prisión por un pelotazo urbanístico

Autor: El Mundo
Fecha: 11/04/2012

El ex Alcalde de Olocau, José Agustín Agustí Sanchís (PSPV), no podrá ejercer la política en los próximos diez años por haber sucumbido a la corrupción urbanística que, durante años, se ha paseado en no pocos Ayuntamientos de la provincia. Así lo ha resuelto un Juez de Valencia que, al margen de inhabilitarle para el ejercicio de cargo público alguno, también le ha impuesto dos años de cárcel al declararle culpable de un delito de prevaricación urbanística continuada.

Según la sentencia a la que ha tenido acceso este periódico, una triquiñuela al margen de la ley le reportó a él y a su mujer un beneficio de 179.740 euros. En 2005, adquirió una parcela en la que no se podía construir, la segregó, le dio la licencia a una sociedad que integraba con su esposa y se la sirvió en bandeja a una empresa que edificó ocho viviendas unifamiliares. El Juez, que respalda la tesis del Fiscal Vicente Torres (a excepción de las negociaciones prohibidas), concluye que concedió las licencias "a sabiendas" de que el suelo no era urbano. Se trata de la primera sentencia de estas características en la provincia de Valencia que afecta a un político. El fallo, por su energía y contundencia, contribuye a enterrar la sensación de cierta impunidad con la que han trabajado diversos municipios en los últimos años al calor de una fiebre urbanística desbocada.

En diciembre de 2005 se consumaron los hechos que le han valido la condena. Meses después, la Fiscalía de Medio Ambiente puso en marcha un incisivo dispositivo para torpedear este tipo de corruptelas en la provincia de Valencia y en una de sus barridas detectó la operación de Agustí en Olocau. El ahora condenado todavía ocupaba la alcaldía y había despreciado un informe técnico de su propio Ayuntamiento que desaconsejaba la operación que llevó a cabo por estar plagada de irregularidades. El Fiscal Vicente Torres concluyó, tras su investigación, que Agustí había cometido un delito de prevaricación urbanística. Pidió para él los dos años de prisión y los diez de inhabilitación que le acaba de imponer el magistrado que juzgó el asunto.

En 2005, recoge el fallo, Agustí concedió o su esposa una licencia de segregación de varias parcelas que pertenecían a una sociedad de gananciales del matrimonio. Esta segregación estaba prohibida porque no cumplía con los requisitos que exigía la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU). Sin embargo, el Alcalde siguió adelante haciendo caso omiso a las advertencias de los técnicos. A continuación, autorizó una licencia de obras a una empresa, Sarega SL, para que construyera viviendas unifamiliares. El escrito del Fiscal ponía el acento en que lo hizo "a sabiendas de que dichas parcelas no disponían de la condición de solar". De igual forma, proseguía la calificación provisional de los hechos, el primer edil conocía que tampoco podía conceder la licencia de segregación al no existir ningún "instrumento de planeamiento sobre las mismas".

Ahora, el Juez ha respaldado la teoría del Ministerio Público. "Concedió las licencias a sabiendas de que no gozaban de la condición de solar, como igualmente al conceder la licencia de segregación, el acusado conocía que no existían instrumentos de planeamiento y, en consecuencia, el suelo era urbanizable no programado y estaba expresamente prohibida la segregación de parcelas con fines urbanísticos y la concesión de licencias de obras", argumenta el fallo. La sentencia, asimismo, abunda en cómo esta operación al margen de la ley enriqueció al ex Alcalde de Olocau y a su mujer.

El matrimonio vendió los terrenos por 283.000 euros y las adquirió por 103.260, "con lo que el beneficio obtenido, mediante la concesión de la licencia de segregación y la licencia de obras, fue de 179.740 euros". La Fiscalía, por su parte, nunca dudó de que este incremento en el valor "fue consecuencia inmediata de las licencias ilícitas de obras y segregación otorgadas por el acusado". No lo hizo e ignoró un informe técnico que advertía de las irregularidades. La Fiscalía siempre sostuvo que debió haberse abstenido de tomar decisiones sobre las parcelas. Sin embargo, Agustí no lo hizo e ignoró un informe técnico que advertía de las irregularidades.

Fuente: El Mundo.