El juez imputa al ex Alcalde de Olocau, otros tres ediles del PSPV y al arquitecto por prevaricación

Autor: El Mundo
Fecha: 01/08/2007

La paralización del macro proyecto urbanístico que desde hace dos años tenía en pie de guerra a la mayor parte de la población de Olocau no fue únicamente una decisión de la antigua corporación local. El juzgado de Primera Instancia número 2 de Llíria decretó la "suspensión cautelar" de los planes urbanísticos que pululaban por los despachos del Ayuntamiento y ha llamado a declarar como imputados a todo el anterior equipo de Gobierno, liderado por el socialista José Agustí, y al arquitecto responsable de los Programas de Actuación Integrada (PAIs).

El pasado 12 de abril se publicó la instrucción, en la que el juez llamaba a declarar a Agustí, y a sus otros tres concejales del equipo de Gobierno socialista -José Vicente Mañez, Daniel Calvo y Raquel Alambiaga- por un "delito de prevaricación", según el documento judicial al que ha tenido acceso este periódico. Asimismo se cita al arquitecto técnico Agustín Domingo, encargado de redactar el informe favorable en el que se basó el consistorio para aprobar los planes urbanísticos.

El inicio del procedimiento judicial responde a la querella presentada por el Ministerio Fiscal el pasado 8 de marzo. La denuncia se refiere a dos decisiones plenarias tomadas el 13 de septiembre de 2006, por las que el consistorio empezaba "el procedimiento de concurso para el desarrollo y ejecución" de dos PAIs.

Se trata de dos proyectos que suman más de cinco millones de metros cuadrados. El primero de ellos, de unos 6.000 metros cuadrados, planeaba en la zona de afección del Programa de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) de la Sierra Calderona. El segundo, el más ambicioso y cuyos trámites estaban más avanzados, contemplaba la reclasificación de casi cinco millones de metros cuadrados para edificar unas 12.000 viviendas.

La mayor parte del suelo sobre el que se planteaban los dos proyectos, añade el Fiscal en su escrito, está calificado como "no urbanizable en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2003".

El Ministerio estima que "gran parte de las finca registrales" del Alcalde, familiares de Agustí y "otros concejales que votaron favorablemente" en el pleno están en los terrenos afectados por los PAIs. Es decir, el juez considera que el equipo de Gobierno al completo, y sus familiares, podrían ser propietarios del suelo sobre el que planean los proyectos urbanísticos, y cuya reclasificación supondría un aumento sustancial del precio de venta.

La querella del Fiscal recrimina que los acuerdos plenarios de septiembre de 2006, por los que se inician los trámites administrativos para aprobar los planes, "han contado con la intervención del Alcalde y concejales, que son propietarios o familiares de dueños de terrenos incluidos en el ámbito de actuación", una situación que, recuerda la denuncia, "la ley obliga a abstenerse por interés directo".

El ex Alcalde del PSPV -a quien el pacto entre el PP y EU le arrebató la vara de mando el pasado 27-M-, confirmó ayer a este periódico que tanto él como sus otros tres concejales han acudido a los juzgados de Llíria para declarar por delito de prevaricación. Pese a que en la citación el juez impone una fecha concreta, José Agustí insistió en que su declaración fue "voluntaria". Es más, el ex Alcalde quiso quitar importancia al proceso judicial iniciado y matizó que la denuncia "no se debe a la aprobación de un PAI sino a las bases de un concurso urbanístico".

El fiscal, sin embargo, deja este detalle en un segundo plano al apuntar en su querella que "el inicio de tramitación" de los PAIs "suponen una reclasificación de facto de los suelos, sin que conste justificación ni motivos y sin ajustarse al procedimiento legal, con el consiguiente reflejo y revalorización de los terrenos afectados".

El ex Alcalde, por su parte, insiste en que la anterior corporación local "paralizó las bases" ante la presión ciudadana para "incluirlo en la redacción de un concierto previo del PGOU", y niega que fuera por la suspensión cautelar decretada por el juez.

Fuente: El Mundo.