Autor: El Mundo
Fecha: 08/04/2007
Un informe anónimo, sin fecha de emisión y que jamás se notificó a nadie fue toda la documentación con el que el Alcalde de Olocau, José Agustín Agustí (PSPV), intentó justificar el pasado mes de julio ante un juez de Lliria la existencia de un vertedero contaminante en el municipio. Aunque el primer edil sólo compareció en calidad de testigo, Agustí fue incapaz de clarificar en el tribunal los permisos municipales concedidos al vertedero que la empresa pública Girsa, dependiente de la Diputación de Valencia, abrió en una cantera de Olocau donde se han producido vertidos ilegales y altamente contaminantes.
La constatación de vertidos no permitidos en Olocau, a escasos metros de varias urbanizaciones de la Serra Calderona, ya provocó en su día la imputación de Gerardo Torres, en calidad de presidente de Girsa. Del mismo modo, el propio pleno de la Diputación de Valencia ha abordado las irregularidades del basurero, llegando a reconocer que se han producido vertidos ilegales, después de conocerse un demoledor informe del Instituto de Medicina Legal donde se habla del "grave riesgo" de estas prácticas.
La batalla quijotesca del propietario del terreno sobre el que se asienta el vertedero no sólo ha puesto en jaque a la Diputación de Valencia, sino que también ha llevado a los tribunales al Alcalde de Olocau, si bien compareció en calidad de testigo. Ante el juez, Agustí esgrimió un supuesto informe que justificaba la actividad del vertedero aunque, como se comprobó posteriormente, este documento estaba plagado de irregularidades y carencias.
Según ha podido saber este periódico, el juez que instruye el caso ha emitido un auto en el que se reconoce que la resolución aportada por el primer edil de Olocau "no consta la persona que la elaboró, la fecha de la misma, la persona a la que se le notificó ni la posibilidad de su revocación". Por ello, acepta un recurso presentado por la parte denunciante para que se aclaren estos extremos, algo que considera "necesario", dada la gravedad del problema medioambiental generado en el municipio del Camp de Túria.
En su día, el juez exigió al Alcalde de Olocau que explicara la concesión de la licencia de actividad a Girsa a pesar de las sucesivas irregularidades detectadas en el vertedero, así como el convenio por el que la empresa pública abona cada año 90.000 euros para mantener el basurero en funcionamiento.
La publicación del informe del Instituto de Medicina Legal llevó también a la Fiscalía de Medio Ambiente a exigir la comparecencia del Alcalde de Olocau, tras conocerse que los técnicos alertaban de que el vertedero podría estar contaminando el agua de las urbanizaciones del municipio, así como suponer un "riesgo para la salud de las personas". Del mismo modo, se mantuvo como imputado a Torres y se exigió la imputación de otros ex altos cargos de Girsa, que estaban al frente de la firma cuando se iniciaron las actividades.
El largo, farragoso y opaco caso Olocau ha llegado a provocar muchas tensiones en el municipio, llegándose a incluso a producir denuncias del propietario del terreno contra operarios de Girsa por unas supuestas agresiones. Los hechos se produjeron presuntamente cuando el propietario trataba de fotografiar las emanaciones de gases contaminantes que se producen en la zona como resultado de los numerosos vertidos ilegales realizados.
De hecho, en las últimas semanas, estas emanaciones han provocado la muerte de varios árboles que la propia Girsa plantó sobre la tierra con la que se ha intentado tapar el vertedero de Olocau. El gas, de un penetrante y pútrido olor, provoca mareos y, según varios informes del Seprona y del Instituto de Medicina Legal, es "peligroso" para la flora, la fauna y los vecinos de la zona.
El caso del vertedero no es el único problema del Alcalde de Olocau, José Agustín Agustí, después de que el fiscal de TSJ de la Comunidad viera "indicios de delito" en la aprobación de un plan urbanístico para construir 12.000 casas en la localidad.
Fuente: El Mundo.